Desde este semanario, consideramos que lo ocurrido en torno al relleno sanitario no es un hecho aislado ni meramente técnico, sino la expresión de una cadena de decisiones mal articuladas entre niveles de gobierno, entidades reguladoras y ejecutores de obra. La presencia de diversas instituciones en las reuniones recientes evidencia la gravedad del problema, pero también deja en claro que las alertas técnicas no han sido atendidas con la oportunidad necesaria.
Es evidente que existe una controversia sobre las responsabilidades: mientras se señala al Ministerio del Ambiente y a la empresa ejecutora por las fallas de origen, la municipalidad intenta justificar su intervención bajo el argumento de la urgencia operativa y la falta de infraestructura alternativa. Sin embargo, para la población afectada, estas explicaciones no resuelven el problema central: la gestión de residuos sólidos no puede sostenerse sobre improvisaciones ni sobre la postergación de soluciones técnicas indispensables.
También preocupa que, pese a los años transcurridos desde el inicio del proyecto, aún se mantengan observaciones críticas sin levantar, especialmente aquellas relacionadas con el manejo de lixiviados y el impacto ambiental. A ello se suma la discusión sobre factores climáticos y lluvias extremas que, si bien influyen, no pueden ser utilizadas como justificación estructural de deficiencias de diseño o planificación.
Como semanario, consideramos que este caso debe marcar un punto de quiebre. No basta con reuniones, informes o procesos en curso; se requieren decisiones firmes, transparencia total y una auditoría técnica independiente que determine responsabilidades y soluciones concretas. La gestión de residuos no admite más postergaciones, porque de ella depende no solo la salubridad ambiental, sino también la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Residuos en estado de lixiviados
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