La DREM Huánuco confirma que actividades mineras persisten en la zona pese a mandatos de paralización; el beneficio económico se impone sobre la seguridad y la vida.
La provincia de Puerto Inca se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta ambiental. Lo que debía ser un proceso de formalización responsable se ha transformado en un escenario de abierta desobediencia legal. Tras una reciente diligencia de supervisión, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco confirmó que el derecho minero “Ángeles de Salvador 3” continúa sus operaciones extractivas, ignorando deliberadamente una orden de paralización vigente.
La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM Huánuco) ha tomado una postura determinante frente a la minería en Puerto Inca. Tras una inspección técnica, se confirmó que el proyecto «Ángeles de Salvador 3» operaba en total desacato a las autoridades.
Incumplimiento y peligro inminente
Durante la supervisión, el equipo técnico detectó que la medida de paralización impuesta previamente fue ignorada. Los puntos críticos hallados son:
- Desobediencia administrativa: Continuidad de extracción sin autorización.
- Riesgo laboral: Incumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional.
- Impacto ambiental: Amenaza directa a los recursos naturales locales.
«Nuestra responsabilidad es garantizar que las actividades mineras sean sostenibles y respeten la ley», afirmó Royer Castro Rementería, director de la DREM.
El costo de la desobediencia
El equipo técnico de la DREM, en cumplimiento de sus funciones de fiscalización, constató en el terreno que las máquinas no se han detenido. Esta continuidad no es solo una falta administrativa; es una amenaza directa contra la frágil biodiversidad de la zona. Según el reporte oficial, la actividad minera sin control en este sector está generando riesgos críticos de degradación de suelos y contaminación de recursos naturales hídricos, esenciales para las comunidades locales.
Pero el peligro no es solo para el entorno. La inspección advirtió deficiencias graves en materia de seguridad y salud ocupacional. Al operar fuera del marco de la ley y desacatando las normas técnicas, se pone en riesgo la integridad física de los propios trabajadores, quienes laboran en condiciones que no garantizan los estándares mínimos de protección.
Posición firme ante el desacato
El director de la DREM, Royer Castro Rementería, fue enfático al señalar que ya se han iniciado las acciones legales y administrativas correspondientes por el presunto delito de desacato a la autoridad.
«No permitiremos la vulneración de las disposiciones emitidas. Nuestra responsabilidad es garantizar que las actividades mineras se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad y respeto a la ley», declaró Castro, subrayando que la formalización minera no es una licencia para operar en la impunidad.
DATOS DEL CASO
- Derecho Minero: Ángeles de Salvador 3.
- Ubicación: Distrito y Provincia de Puerto Inca, Huánuco.
- Estado Administrativo: En proceso de formalización (incumplido).
- Infracción Principal: Desacato a la orden de paralización y riesgos de seguridad/ambientales.
- Autoridad a cargo: Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Huánuco.
Cronología de un Desacato Anunciado
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS:
- Paso 1: La Orden de Suspensión. La autoridad minera regional emite una disposición administrativa ordenando la paralización inmediata de actividades en «Ángeles de Salvador 3» tras detectar irregularidades previas.
- Paso 2: La Inspección Sorpresa. El equipo técnico de la DREM se desplaza hasta Puerto Inca para verificar el cumplimiento. En lugar de una mina detenida, encuentran operaciones en pleno desarrollo.
- Paso 3: Hallazgos Críticos. Se constatan riesgos de salud ocupacional para los obreros y falta de medidas de mitigación ambiental para proteger los recursos naturales de la zona.
- Paso 4: La Respuesta Legal. Ante el desacato flagrante, el director Royer Castro Rementería confirma el inicio de procesos administrativos sancionadores y acciones legales ante el Ministerio Público.
Un futuro en riesgo
«DESAFÍO A LA LEY. Maquinaria operando en Puerto Inca a pesar de la prohibición expresa de la DREM. El daño ambiental podría ser irreversible si no se ejecutan las sanciones.»
El caso de «Ángeles de Salvador 3» enciende las alarmas sobre la efectividad de las medidas de control en zonas alejadas de la región. Mientras la DREM ratifica su compromiso de fortalecer la fiscalización, la pregunta que queda en el aire para los habitantes de Puerto Inca es: ¿cuánto daño más tolerarán los ecosistemas antes de que las sanciones legales logren detener definitivamente las máquinas?
La autoridad minera ha prometido no retroceder, buscando sentar un precedente: la rentabilidad económica de unos pocos no puede estar por encima de la salud ambiental de toda una región.
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